En la región yerbatera argentina, las alteraciones del contexto socio- económico registrado a nivel nacional y las transformaciones estructurales que se desarrollaron a partir de la década del ´70 y se consolidaron en los ´90 con el neoliberalismo, condicionaronlas posibilidades de reproducción social de la pequeña y mediana producción agrícola. Las mismas presentaban serias dificultades para hacer frente a las fluctuaciones de los precios y a las diferentes determinaciones ejercidas por los mercados nacionales e internacionales.
La vuelta a la democracia otorgó un entusiasmo generalizado en la población. Sin embargo, en términos económicos el contexto devino desfavorable, como consecuencia de las decisiones macro y microeconómicas implementadas por los militares. El Plan Austral (1985) intentó contener la difícil situación que enfrentaba el país pero el panorama se agudizó. Las reformas del Estado y el ajuste fiscal implantado a partir de 1989, basándose en la Ley Global de Emergencia Económica intentaron disminuir el déficit fiscal a través de las privatizaciones de servicios del sector público, como así también a partir de la disminución del personal del Estado. La hiperinflación de 1989 profundizó la crisis y fue el punto decisivo para el gobierno de Raúl Alfonsín. El panorama se tornó más complejo en los años venideros, cuando las propuestas neoliberales ganaron el escenario e incidieron en la toma de decisiones y en las medidas implementadas.
La desregulación, la descentralización de la economía, la modificación de las estrategias productivas y el surgimiento de nuevos actores sociales, son las características destacadas de este modelo neoliberal. En este contexto, primaban, entre otros factores, las inversiones de capital y la incorporación de tecnología; hecho que polarizó al agro argentino. Mientras un grupo (minoritario) pudo solventar sus explotaciones, las que además de no presentar deudas, generaban excedentes económicos; otro sector (mayoritario) cuyas unidades poseen un menor control de los recursos productivos y financieros, presentaban dificultades para la supervivencia en las condiciones actuales.[1]
La retracción del Estado y el proceso de concentración capitalista que vivió el país en este periodo, golpeó al sector agrícola en general y a las pequeñas y medianas explotaciones familiares en particular. La situación provocó la crisis de las formas tradicionales de asociación. Las cooperativas yerbateras, que históricamente agrupaban a los productores del sector, sufrieron los embates del modelo. Las consecuencias se reflejaron en la reducción de la masa societaria y en las dificultades para la comercialización de los productos, particularmente porque no podían competir con los grandes grupos molineros.
En este escenario, la reproducción de los pequeños productores yerbateros quedó sujeta a su integración en los complejos agroindustriales y a los planes compensatorios que intentaban reducir -en parte- los efectos expulsores de los procesos de diferenciación agraria. Laprofundización de los procesos de diferenciación social agraria y la crisis de los cultivos tradicionales -principalmente la yerba mate- provocó, además, la expulsión de población rural a los centros urbanos más importantes de la región (Posadas, Eldorado, Oberá) y al área metropolitana y de la provincia de Buenos Aires. A la luz de estas modificaciones, emergieron nuevos actores sociales, tanto en los grupos dominantes -representado por los molineros y empresarios forestales- como por sectores subalternos y desfavorecidos, integrantes de la denominada agricultura familiar.
La situación económica- financiera de las cooperativas agrarias en el nuevo régimen social de acumulación, condicionó sus posibilidades empresariales. Mientras que los efectos del ajuste estructural aumentaban las dificultades económicas de gran parte de los productores asociados, cuya capacidad de cancelar los pasivos con la entidad se vio afectada; se instaló una nueva crisis financiera de las entidades y de gran parte de sus socios. En términos generales, en la década de 1990 las cifras oficiales del movimiento cooperativo argentino disminuyen, fruto del proceso generalizado de quiebra y desaparición tanto de agricultores y ganaderos, como de las cooperativas de primer grado en las cuales se integran. Para 1997 la base social de CONINAGRO disminuyó a 11 federaciones, 1.000 cooperativas de primer grado y unos 150.000 asociados.[2]
El nuevo modelo de acumulación provocó una crisis en el sector yerbatero y, por ende en las formas tradicionales de asociación, particularmente en las cooperativas que, desde 1926 agrupaban a los pequeños y medianos productores misioneros. La experiencia de regulación del Estado por intermedio de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) llegó a su fin en 1991 por intermedio del decreto de desregulación 2284/91. A partir de entonces, el sector industrial acentuó un proceso de fuerte concentración que comenzó desarrollarse por la crisis que sufre la actividad yerbatera en 1966, por las fluctuaciones económicas que afectaban al producto y la política económica financiera nacional. La situación se complementó por la influencia creciente de las cadenas comercializadoras, haciendo que ambas consolidaran su papel en tanto eslabones que dirigen el sector, al tiempo que absorben las mayores ganancias. Estas medidas, contribuyeron a debilitar el papel del Estado en la actividad y a disminuir la eficiencia del sector público, con impacto directo en el asociacionismo.
Por Dr. Lisandro Rodríguez, especial para MTH.
Imagen: Yerba mate estacionada en depósito cooperativo. Fuente: Foto propia
[1] Lattuada, Mario: Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX, Bernal Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2006, pp. 119
[2] CONINAGRO: Indicadores Agropecuarios Nº 69, 1997