El neoliberalismo como política económica hegemónica de la década del 90 provocó una crisis aguda en la economía regional, acentuada por el proceso de desregulación que impactó en la actividad yerbatera. Se generó entonces una concentración de la renta en pocas empresas industriales. La poca rentabilidad de la hoja verde condujo al empobrecimiento de los productores yerbateros y cosecheros (tareferos) en general y en las economías familiares en particular. Una situación que desencadenó protestas y manifestaciones de los actores sociales, que “abandonaron sus chacras” y se trasladaron a la capital provincial con sus tractores y demandas.
La lucha de los productores agrícolas se concentró históricamente en la obtención de precios justos y en mecanismos de comercialización favorables para sus productos, siendo el Estado su principal interlocutor. En función del contexto surgieron distintas facciones que conformaban agrupaciones no siempre homogéneas al interior de las mismas. Esas diferencias con el tiempo se acentuaron, provocaron divisiones y tensiones dando origen a nuevos grupos y movimientos.
El grado de desmantelamiento ocasionadas por las políticas desplegadas obligó al Estado a implementar ciertas innovaciones institucionales orientadas a cubrir vacíos generados por la supresión de organismos reguladores. Producto de esta decisión resultaron programas y créditos, como por ejemplo el de Desarrollo Rural y Programas Sociales, que se implementaron con el objeto de respaldar los esfuerzos de supervivencia y desarrollo de amplias franjas de pequeños y medianos productores. Se planteó entonces la necesidad de reconvertir las explotaciones agrícolas a partir de acciones de asistencia técnica y financiera. Sin embargo, en muchos casos los programas de desarrollo rural no atendieron a realidades específicas de cada una de las economías regionales.
En la región yerbatera, las protestas sectoriales comenzaron con cierta intensidad en 1999, al instalarse carpas verdes en diferentes localidades de la provincia, en las plazas de los pueblos y al costado de las rutas provinciales y nacionales, bajo la consigna: precio justo para la yerba. Generalmente dichas protestas terminaron desarticuladas y perdieron fuerza luego de algunas negociaciones y promesas gubernamentales. Con el transcurrir de los meses y ante el desolador panorama las organizaciones agrarias volvieron al escenario de lucha. La metodología empleada consistió en movilizaciones y piquetes con cortes de ruta por medio de la quema de neumáticos; registrándose en distintos puntos de la provincia pero con intensidades diferentes. Así en la zona norte y sur los piquetes no tuvieron la fuerza suficiente para paralizar la actividad aunque estuvieron acompañados por cooperativas y secaderos. En cambio en la zona centro de la provincia la movilización cobró fuerza y que permitió la interrupción del tránsito de la producción tanto para la yerba en hoja verde como para la canchada y también el producto final generando intervenciones de la policía y la gendarmería con el objetivo de liberar los camiones detenidos.
En el crítico año 2001 ya los hechos de protesta se mostraron más organizados y generalizados y con protagonismos de nuevas agrupaciones que se iban formando al calor de las mismas protestas y la reunión de distintos agrupamientos de productores por zona. La protesta se extendió por 17 días en la ciudad de Posadas y los productores lograron firmar un acuerdo con el gobierno provincial y nacional por un subsidio a la producción por $9 millones, que luego fue incumplido, y “se terminó de pagar totalmente devaluado en el año 2003”. Además, dio origen a una nueva agrupación: la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones APAM.
La APAM encabezó con mayor fuerza la lucha y trata de organizar a los productores de toda Misiones, con centro en el departamento de Oberá. Fue esta organización la primera que realizó lo que se denominó como “el tractorazo” en 2001. Luego de este hecho organizaron la marcha a la capital provincial en junio del mismo año. Doce meses después se produjo una concentración numerosa de productores agrícolas – quienes proclamaron “el paro yerbatero”- en Posadas, en las que confluyeron además de productores yerbateros, pequeños y medianos industriales madereros de la zona de Alto Paraná, obreros rurales, organizaciones de desocupados y círculos médicos, conformando “la Coordinadora de Organizaciones Productivas y Sociales”.[1] Esta manifestación se extendió por 51 días en la Plaza 9 de Julio, ubicada frente a la casa de Gobierno, hecho que pasó a denominarse a través de los medios de comunicación como “el tractorazo”, debido al traslado que realizaron los productores desde sus chacras a la ciudad capital con sus tractores.
Si bien la movilización no logró mejorar los precios, marcó un antecedente al proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), aprobado por el Congreso de la Nación en 2002. Este hecho marca nuevamente la intervención estatal en la actividad yerbatera. Así luego de 10 años de libre mercado la actividad yerbatera perfilaba una entidad que, como su otrora CRYM, estaría destinada a regular la actividad y fijar los precios, aunque las diferencias entre las dos entidades son muy notorias.
Por Dr. Lisandro Rodríguez, especial para MTH.
[1] RAU, Víctor: Yerba Mate: “El Paro Verde”. En: Revista Realidad Económica. IADE. N° 185. 2002